Una operación financiera supuestamente orquestada por algunas principales autoridades bancarias del Principado de Andorra que habría comportado un enriquecimiento presuntamente injusto a Vall Banc y su propietario, el fondo buitre americano JC Flowers, causando graves perjuicios a los aún hoy clientes de la intervenida Banca Privada d’Andorra (BPA) ha llevado tres de los principales accionistas de BPA -Higini y Ramon Cierco y Joan Pau Miquel- a querellarse contra algunos de los principales gestores de la crisis generada por el estallido del citado banco andorrano. Los hermanos Cierco y el antiguo CEO de BPA acusan personalmente a los miembros de la Agencia estatal andorrana de Resolución de Entidades Bancarias (AREB), a los administradores de BPA impuestos por el Gobierno del Principado, al consejo de administración de Vall Banc y a los representantes de JC Flowers que intervinieran en la compra del banco que resultó de la segregación de depósitos de BPA de prevaricación, administración desleal de patrimonio público y blanqueo de capitales, y todo ello hecho en asociación il·lícita.

Los querellantes calculan que las presuntas maniobras financieras realizadas cuando BPA ya había sido nacionalizada y, por tanto, era de titularidad pública, habrían podido suponer unos beneficios il·lícitos de más de 80 millones de euros ya sea a Vall Banc o a JC Flowers y, a su vez, esa misma cantidad se habría sustraído de BPA, causando un eventual y más que notable perjuicio a sus clientes, entre los cuales se encuentran los querellantes, de cara al momento que se produzca la liquidación del banco intervenido y ahora en vías de resolución. Pieza clave del engranaje es la AREB, una entidad creada por el estado andorrano para gestionar la crisis de BPA y que llegó a ser arte y parte de toda la operación, porque en en el momento del diseño de la misma y en su fase inicial de perpetración era tanto propietaria de BPA como del banco puente que se denominó Vall Banc.

El kid de la cuestión debe buscarse en la creación de Vall Banc. A partir de unas decisiones que los querellantes cuestionan y que esperan que la Justicia andorrana aclare, BPA transfirió, bajo la orden de la AREB, una serie de bienes al nuevo banco que fueron valorados en 70 millones de euros. Bienes que supuestamente eran necesarios para que la nueva entidad, inicialmente también pública, pudiera empezar su actividad. Como contraprestación, Vall Banc, a partir de una decisión adoptada también por la AREB, emitió unas obligaciones convertibles en acciones (más conocidas en el sector como ‘cocos’) por el mismo valor. Los acontecimientos posteriores y que en parte las cuentas de Vall Banc -publicadas en su propia web- demostrarían, al parecer de los querellantes, que dichos traspasos no han tenido el equilibrio que se presuponía y que, además, se habrían llevado a cabo otras operaciones tendentes a descapitalizar más si cabía BPA y, por tanto, perjudicar a aquellos depositantes que hoy en día se ven obligados aún a mantenerse como clientes al estar bloqueados por decisión judicial o administrativa.

En efecto, los propios balances de Vall Banc reconocen que los bienes que en su día recibió de BPA y que la AREB valoró en 70 millones, en realidad valen más de 96,5 millones. Por tanto, con esta operación, BPA en el día que recibió una papel investido de obligaciones convertibles valorado en 70 millones de euros ya estaba dejando de percibir más de 26,5 millones. Pero es que, además, ahora se ha sabido que en abril de este mismo año, JC Flowers adquirió a BPA con el acuerdo como poco tácito de la AREB aquellas obligaciones, aquellos ‘cocos’, inicialmente valorados en 70 millones de euros. La operación de compraventa, según las tasaciones encargadas por los querellantes, no habría supuesto al fondo americano un desembolso superior a los 15 millones, con lo cual se habría producido otro menoscabo de 55 millones a BPA a la vez que en la misma cantidad se enriquecía supuestamente a la entidad que en su día adquirió el banco puente por una cantidad irrisoria.

La querella interpuesta este jueves ante los juzgados (Batllia) andorranos especializados en delitos económicos considera que no hay duda alguna que hubo conocimiento de las partes que se estaba maquinando una operación para perjudicar a unos (los clientes de BPA, pero también el propio patrimonio público toda vez que previamente a su segregación el banco intervenido se nacionalizó) y beneficiar a otros (Vall Banc como entidad ya privada y/o JC Flowers). Vistas las acciones llevadas a cabo para articular las maniobras financieras acontecidas la querella se dirige personalmente contra Albert Hinojosa, Armand Pujal, Charles Cornut, François Lemasson y Joaquim Saurina (como miembros de la AREB), Fernando Vázquez y Òscar Gelabert (como administradores de BPA), César Goyache, Luis Mariano, Christian Merle y Fernando Vázquez (integrantes del consejo de administración de Vall Banc) y los representantes de JC Flowers. Así mismo se consideran responsables civiles del daño causado a los entes públicos AREB e INAF, a la sociedad andorrana Vall Banc y a la americana JC Flowers.

La querella, con diferentes documentos anexos y que propone la práctica de diferente pruebas documentales y testificales (tomar declaración a todos los querellados), considera que no hay duda que la AREB actuó con arbitrariedad total y sin tomar ninguna medida para evitar la ilicitud de sus actos, como habría podido ser el encargo de una peritación, lo que supondría una prevaricación con el agravio de haber sido cometida por autoridad o funcionario. A su vez, su comportamiento indebido y contrario a derecho en supuesta connivencia con los otros actores querellados supone una administración desleal de bienes públicos toda vez que en su día BPA fue nacionalizada. Parece no haber duda tampoco que todos los participantes en la comisión de los presuntos delitos lo hicieron conjuradamente, o sea en asociación ilícita. Finalmente, la obtención del beneficio ilícito y la incursión del mismo en el circuito financiero sustentaría el blanqueo de dinero.